B. de M. - Bruselas - 04/03/2010
El Gobierno alemán advirtió ayer que no aceptará ningún tratado internacional para combatir la piratería que incluya la posibilidad de bloquear el acceso de los usuarios a internet.
La postura de Berlín aumenta la creciente presión sobre Bruselas, Washington y el resto de capitales que desde hace tres años negocian casi en secreto el ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), para que clarifiquen tanto el alcance del futuro acuerdo como la compatibilidad de las medidas previstas con las legislaciones nacionales sobre derecho a la información, a la libertad de expresión y a la privacidad.
La Comisión Europea ha tenido que convocar una audiencia pública el próximo 22 de marzo para intentar calmar la avalancha de protestas generada entre la comunidad internauta, los operadores de telecomunicaciones (que temen el coste de tener que supervisar sistemáticamente las actividades virtuales de sus clientes) y las organizaciones en defensa de la privacidad y de la protección de datos.
Posición unánime
Las filtraciones de los textos negociados hasta ahora indican que el ACTA podría incorporar un mecanismo similar al de la ley Hadopi francesa, es decir, de advertencia y corte del servicio a los internautas que violan ciertos derechos de propiedad intelectual.
Pero la ministra alemana de Justicia, la liberal Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, aseguró ayer en una entrevista con Spiegel Online que "el Gobierno alemán no aceptará ningún tratado internacional que incluya el bloqueo del acceso a internet". Y la ministra asegura que todo el Gobierno, es decir, incluidos los conservadores de Angela Merkel, comparten esa posición.
Las declaraciones de Leutheusser-Schnarrenberger rematan dos semanas de batacazos legales y políticos para los partidarios de someter internet a un estricto control.
Anteayer, el Tribunal constitucional alemán declaró incompatible con la Carta Magna del país las medidas adoptadas para aplicar la directiva europea sobre retención de datos electrónicos (que puede obligar a las operadoras a conservarlos hasta 24 meses).
Y hace 10 días, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), la máxima autoridad comunitaria en la materia, publicó un demoledor dictamen contra las negociaciones del ACTA y las leyes antipiratería que siguen el modelo francés de "tres avisos y corte de la conexión". El SEPD considera desproporcionada esa medida e incompatible con varias directivas comunitarias sobre datos electrónicos.
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